Cuatro estados podrían prohibir o dificultar que los niños indocumentados asistan a las escuelas públicas
(Telemundo Atlanta) - El acceso a la educación pública para los niños indocumentados en Estados Unidos enfrenta una creciente amenaza en varios estados liderados por legisladores republicanos.
Cuatro estados –Tennessee, Indiana, Texas y Oklahoma– han presentado proyectos de ley que buscan restringir o condicionar la presencia de estos estudiantes en las aulas, generando un intenso debate sobre los derechos constitucionales y las posibles consecuencias para miles de familias inmigrantes.
Propuestas que desafían la Corte Suprema
En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Plyler v. Doe que negar la educación pública a los niños en función de su estatus migratorio era inconstitucional. Sin embargo, las nuevas iniciativas impulsadas en estos estados desafían este precedente legal y buscan establecer nuevas restricciones.
En Tennessee, legisladores republicanos han propuesto un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares y escuelas concertadas optar por no matricular a niños indocumentados.
Según el representante William Lamberth, el objetivo es evitar que los recursos estatales se utilicen para estudiantes sin estatus legal. Aunque la legislación aún no ha avanzado, su reintroducción en la agenda política genera preocupación entre defensores de derechos humanos y la comunidad migrante.
Por su parte, en Indiana, el legislador Jim Lucas presentó una propuesta que otorgaría a las escuelas la facultad de negar la inscripción a inmigrantes indocumentados si se determina que residen en el país de manera ilegal.
Además, el proyecto contempla la recopilación de datos sobre la cantidad de estudiantes indocumentados y su desempeño académico, con el fin de informar a las autoridades estatales. La iniciativa también asignaría al fiscal general del estado la responsabilidad de defender a los distritos en caso de demandas legales.
El registro de estudiantes indocumentados en Texas y Oklahoma
Mientras que en Tennessee e Indiana las propuestas buscan impedir la inscripción de niños indocumentados, en Texas y Oklahoma las medidas presentadas obligarían a las escuelas a identificar y reportar a estos alumnos.
En Texas, el gobernador Greg Abbott ha cuestionado en reiteradas ocasiones el fallo de la Corte Suprema y apoya un proyecto de ley que exige a los distritos escolares contabilizar a los niños indocumentados y reportar su número al estado. Además, la propuesta busca que Texas solicite al gobierno federal el reembolso de los costos asociados con la educación de estos estudiantes.
En Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters presentó una medida similar, que exigiría pruebas de ciudadanía o estatus migratorio legal para la inscripción en escuelas públicas.
Aunque la ley no impediría que los niños sin documentos asistan a clase, sí obligaría a las escuelas a realizar un censo de estos estudiantes y compartirlo con el Departamento de Educación del estado. Sin embargo, el gobernador Kevin Stitt ha rechazado la propuesta, argumentando que recopilar información sobre niños indocumentados no es una prioridad de seguridad pública.
Consecuencias y resistencia ante las medidas
Las propuestas han generado una ola de preocupación entre padres, educadores y organizaciones de derechos civiles. En Denver, Colorado, el distrito escolar presentó una demanda para evitar la presencia de agentes migratorios en las escuelas, alegando que la nueva política del gobierno ha causado un descenso en la asistencia de estudiantes por temor a deportaciones.
De aprobarse estas leyes, miles de niños podrían enfrentar barreras significativas para acceder a la educación, lo que tendría un impacto a largo plazo en su desarrollo y en el tejido social de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. La constitucionalidad de estas iniciativas seguramente será cuestionada en los tribunales, reviviendo el debate sobre el derecho a la educación y la política migratoria del país.
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